El Gobierno federal permitirá que las empresas de producción de acero, cemento y vidrio, así como las minas de carbón, mantengan una actividad mínima durante la emergencia sanitaria establecida por la Secretaría de Salud.

Esto con el fin de evitar efectos irreversibles en su operación y de que aquellas que tienen contratos con Pemex y CFE, los cumplan, de acuerdo con un nuevo acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“Aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno federal, continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transístmico; así como los contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad”, detalla el documento.

Las empresas deberán informar a la Secretaría de Economía (SE) el número de trabajadores que resulte indispensable regresar a operar, en un plazo no mayor a 24 horas tras la publicación del decreto. Si tienen contratos para abastecer a los mega proyectos de infraestructura podrán solicitar un mayor número de empleados.

Por su parte, las minas de carbón mantendrán una actividad mínima que cubra la demanda de la CFE, al igual que las distribuidoras deberán continuar con sus actividades de transporte y logística.

Anteriormente, estas actividades habían sido excluidas de las esenciales ante la contingencia.

El Gobierno federal había determinado con dicha condición a la rama médica y sector farmacéutico; industria química y productos de limpieza; servicios privados de emergencia, funerarios y de inhumación; y las necesarias para la producción, distribución y mantenimiento de agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica.

Asimismo, había contemplado a las que tuvieran que ver con la producción y venta de alimentos; aeropuertos, puertos y ferrocarriles; servicios de transporte de pasajeros y carga; telecomunicaciones; medios de información; seguridad pública y privada, sector financiero y recaudación tributaria; y guarderías, estancias infantiles y asilos.