El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, señaló que iniciarán procedimiento judicial contra el secretario general de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; el secretario particular de la gobernadora, Jorge Durán Puente; y el fiscal especial anticorrupción, Odracir Espinoza Valdez.
El Grupo Parlamentario del PAN analiza iniciar un proceso judicial contra tres funcionarios del Gobierno del Estado por diversos delitos, siguiendo la denuncia del ex fiscal Rodolfo Montes de Oca, quien aseguró en una entrevista que fue coaccionado para utilizar la Fiscalía a su cargo con fines políticos.
En rueda de prensa, Gildardo Real Ramírez, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, señaló que iniciarán procedimiento judicial contra el secretario general de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; el secretario particular de la gobernadora, Jorge Durán Puente; y el fiscal especial anticorrupción, Odracir Espinoza Valdez.
“La fracción parlamentaria está buscando los elementos legales para emprender un procedimiento de carácter judicial y ver la ruta judicial, porque para el PAN son muchos los delitos que se desprenden de la denuncia hecha por el ex fiscal Montes de Oca en contra de los funcionarios que él menciona”, especificó.
Dijo que de encontrarse cierto lo que dice el ex funcionario Montes de Oca, los actuales servidores públicos pueden ser sometidos a proceso por algunos delitos en el Código Penal del Estado, tipificados en los artículos 184, 188, 190 y 191, tales como el ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, y delitos contra la procuración de la justicia, en el artículo 193, se desprenden otros tantos.
Real Ramírez denunció “la utilización de las instituciones de impartición de justicia del estado de manera selectiva en contra de quien les conviene, al más viejo estilo priistoide de los 60″s o 70″s, utilizando de manera facciosa el aparato de Gobierno para perseguir a la oposición, en un tiempo a los panistas y en otro tiempo a los morenistas”.
“Muchos tenemos casos donde utilizan a estas instituciones para cerrar negocios, para mandar auditorías, para fabricar delitos, que después no se sustentan en los juzgados, pero que un ex fiscal lo diga que él fue coaccionado y motivado para usar el aparato de justicia, no se puede quedar así”, argumentó.
Informó que están buscando la mejor ruta jurídica para emprender acción contra esos funcionarios y en algunos días se dará a conocer el procedimiento.
Llamarán a funcionarios al Congreso
Pero además, consideró, los funcionarios señalados se merecen ser invitados otra vez a comparecer ante el Congreso del Estado para que vengan a dar una explicación de su actuar, porque han sido señalados en esa materia, por los agredidos y ahora por un actor.
“Que den una explicación de porque buscan de manera tendenciosa y sectaria la procuración de justicia en contra de quien no piense y actúe como ellos”.
El diputado panista informó que los funcionarios podrían ser sujetos a sanciones de hasta 6 años de prisión en temas penales y hasta 6 años de inhabilitación administrativa, además de multa que oscila de 17 mil a 600 mil pesos, dependiendo de la gravedad de los daños causados.
“Estamos viendo ante que instancia, ante la Procuraduría General del Estado, ante la PGR y ante la Contraloría del Estado”, indicó, en referencia a las nuevas fiscalías, estatal y federal donde harán las denuncias.
Por Guillermo Frescas
