CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aceptar la recomendación 29/2019 relacionada con las estancias infantiles y la descalificación pública hacia el trabajo que desarrolla en defensa del respeto a las garantías individuales.
La postura del gobierno, señaló la propia CNDH, la colocó frente a un hecho sin precedentes: el rechazo concertado, directo, altisonante, desdeñoso e infundado, de la primera de sus recomendaciones a la actual administración referida a la cancelación del Programa de Estancias Infantiles, cuando la actual administración se comprometió explícitamente a respetar la autonomía, funciones y a cumplir las recomendaciones de la CNDH.
En conferencia de prensa, el titular del organismo Luis Raúl González Pérez manifestó que “pretender silenciar el trabajo de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos mediante calumnias e infundios no es digno de una autoridad que ostente o presuma vocación democrática”.
Acompañado de Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General, González Pérez advirtió que, ante la negativa gubernamental a acatar la recomendación y la naturaleza de sus argumentos, la CNDH solicitará al Senado que convoque a los responsables de las secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Para la CNDH, dijo el ombudsperson nacional, las principales víctimas que señala la recomendación son las niñas y niños, madres y padres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, y el rechazo al documento recomendatorio las revictimiza y, además, acotó, vulnera la verdad, la legalidad y el respeto a la institucionalidad democrática que deberían imperar en el país.
Asimismo, expresó su preocupación por la respuesta que dio el DIF Nacional al señalar que la CNDH “se atribuye la potestad de afirmar que sólo mediante las medidas que ella determina se pueden satisfacer los intereses superiores de la infancia, siendo que dicho margen de apreciación es potestad exclusiva de quien encabeza la rectoría estatal, a saber, el poder Ejecutivo, por sí y a través de sus (sic) Administración Pública Centralizada y Paraestatal”.
González Pérez recordó que la defensa y preservación del interés superior de la niñez es un principio y obligación constitucional y no una potestad discrecional de las autoridades, y la CNDH es, dijo, el órgano del Estado mexicano al que, constitucionalmente, corresponde la protección de los derechos humanos frente a la autoridad y, para los efectos internacionales, es la institución nacional de protección de tales derechos de nuestro país.
“Sería sumamente grave –subrayó— que lo señalado en la respuesta del DIF Nacional fuera reflejo de la verdadera visión del gobierno de la República sobre el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en México, ya que ello implicaría dejar de lado la primacía de leyes, instituciones, del respeto amplio y debido de los derechos humanos, para que una vez más se hicieran visibles, en nuestra escena pública y política, las tentaciones vinculadas al autoritarismo y al desconocimiento del Estado de Derecho. Confiamos en que las cosas no sean de este modo”, puntualizó.
En su opinión, el gobierno basó su negativa en argumentos de “carácter preminentemente ideológico o político” y en hechos ajenos a la realidad, para “desinformar y generar en la sociedad una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo”.
Eso, agregó, sólo evidencia desconocimiento de las leyes vigentes, y, en particular, del marco normativo aplicable a la actividad de los órganos que integran el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, y un desdén por la legalidad y la institucionalidad democrática.
El titular de la CNDH refirió que el pronunciamiento de la CNDH es consecuencia de las 204 quejas presentadas por 5 mil 340 personas agraviadas y aclaró que nadie se opone a que se investiguen los casos de corrupción o las irregularidades que, eventualmente, se hayan presentado en la administración u operación de las estancias infantiles.
En su turno, el Primer Visitador General, Ismael Eslava, afirmó que los argumentos de las autoridades carecen de claridad y precisión, pues lejos de sustentarse las inconsistencias señaladas, se advierten indicios de que carecen de elementos objetivos que avalen su validez. En todo caso, como se ha referido, deberán presentarse las denuncias penales y quejas administrativas que correspondan.
Y respecto de la afirmación implícita de que la CNDH encubre actos de corrupción, señaló que es inaceptable que intenten desautorizarla para evitar asumir una responsabilidad y destacó que es falso que aceptar la Recomendación implique tolerar actos de corrupción o irregularidad alguna, ya que no se busca inhibir la investigación de cualquier ilícito que en el manejo de los recursos públicos se hubiera cometido.
