Que el Congreso del Estado tenga la facultad de poner o cambiar a los titulares de los órganos internos de los organismos autónomos.
Hermosillo, Sonora.- El Grupo Parlamentario de Acción Nacional presento en pleno iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de otorgarle facultades al Congreso del Estado, para el nombramiento y remoción de los titulares de los órganos de control interno de los organismos autónomos de la administración pública del Estado.
Lo anterior indicó el Diputado Gildardo Real Ramírez es con la finalidad de una Reforma a la Constitución para que el Congreso tenga la facultad de remover, cambiar y/o poner a los titulares de los órganos internos de los organismos autónomos.
“Normalmente los titulares de dichos organismos, son los que nombran a sus propios contralores cuya función de estos es vigilar el correcto proceder de los funcionarios así como prevenir sanciones de carácter administrativo, por lo que nosotros estamos solicitando que haya una independencia del contralor, con autonomía de que no exista algún compadrazgo o contralor carnal. Que este sea nombrado por el Congreso a propuesta de académicos, universidades y colegios de profesionistas por un periodo de 6 años”.
El Legislador indicó que esto es una homologación, debido a que esta facultad ya existe en el Congreso de la Unión. “El objetivo es lograr adecuar este dispositivo local a dichas reformas federales, sin embargo, el escenario que hoy impera es otro, y si bien retomamos y analizamos lo presentado, también lo es, que nuestros tiempos y los esfuerzos de las actuales fuerzas políticas vienen a generar mayores entendimientos y coincidimos en la necesaria regulación”, recalcó.
Los organismos autónomos son el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, Universidad de Sonora, Congreso del Estado, Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal de Justicia Admirativo, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral, Consejo Ciudadano de Transparencia Pública Sustentable, Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y Fiscalía General de Justicia.
