Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) aceptó este miércoles que no contaba con suficientes pruebas para acusar a Javier Duarte por el delito de delincuencia organizada y por ello lo reclasificó por el de asociación delictuosa, con lo que el exgobernador de Veracruz podría llevar ese juicio en libertad, aunque permanece recluido en el Reclusorio Norte por la acusación de lavado de dinero.
Lo anterior abre la puerta a los abogados de Duarte para que soliciten al juez que retire la medida de prisión preventiva impuesta a su cliente y así pueda enfrentar el juicio en libertad, lo cual podría realizarse en un plazo no menor a 30 días ni mayor a 40. Será decisión del juzgador determinar si considera justificado mantenerlo en prisión por su riesgo de fuga o no.
Sin embargo, la PGR recordó que existen otras acusaciones contra el exmandatario integradas por la Fiscalía General de Veracruz. Por su parte, el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, explicó que incorporaron a su solicitud de extradición de Guatemala dos órdenes de aprehensión por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias.
Además, Yunes Linares reiteró que existe un proceso más en el que su antecesor es procesado junto a exfuncionarios de seguridad estatales por el delito de desaparición forzada, por lo que en caso de que las autoridades federales lo liberen, el Estado podría solicitar su traslado al penal de Pacho Viejo para que enfrente todas esas acusaciones.
“No debe haber impunidad en el caso de Duarte y sus cómplices. Y si lo liberan, en ese mismo lugar debe ser detenido y entregado a las autoridades de Veracruz. No permitamos la impunidad. Duarte debe seguir en prisión”, aseguró.
CONDENAS, PACTO Y RESPONSABILIDAD
Sin embargo, ante la controversia de que Duarte de Ochoa sea liberado, voces del PAN y del próximo Gabinete del morenista Andrés Manuel López Obrador lamentaron la falta de sustento de la PGR y exigieron que asuma la responsabilidad por una acusación que no pudo mantener, mientras que otras voces del PRD y otras facciones políticas aseguraron que esto evidencia el supuesto pacto entre el presidente electo y su antecesor para minimizar el impacto negativo a su “círculo político” y su gestión.
El senador electo de Morena, Ricardo Monreal, lamentó la ruta que ha tomado este caso, tras afirmar que esto pone en evidencia el mal uso que el Gobierno federal actual ha dado a la Procuraduría.
“Es muy malo que se haya utilizado, que se siga utilizando a la Procuraduría como un instrumento de carácter político persecutorio”, expresó.
Por su parte, la ministra en retiro y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó la determinación de la Procuraduría de no acusar a Duarte de Ochoa por delincuencia organizada y aseguró que deberá asumir su responsabilidad.
Por su parte, el reclamo se replicó por Damián Zepeda, líder del Partido Acción Nacional (PAN), quien consideró que “sería una tragedia” que el exgobernador saliera de prisión en el corto plazo y advirtió que esto demuestra la necesidad de una Fiscalía General de la República autónoma.
“En tanto no tengamos una Fiscalía General autónoma, independiente y apartidista, estos casos –que si la maestra (Elba Esther Gordillo), que si Javier Duarte, que si otro– segurián de fondo. El problema es que no hay justicia real”, planteó.
Asimismo, el senador perredista Luis Sánchez Jiménez aseguró que esta falla demuestra que existe un pacto entre el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, para perdonar a personajes polémicos en el sexenio como Javier Duarte y Elba Esther Gordillo, afirmó el senador.
“La PGR es un brazo político del Presidente en turno y está haciendo su trabajo. Simple y sencillamente, ahora resulta que no hay delito que perseguir. ¡Por favor!”, expresó el senador.
DESACIERTO
» Esta es la segunda vez que la PGR retira la acusación de delincuencia organizada contra alguno de los imputados en el caso Javier Duarte, pues el 11 de abril de 2017 reconoció que no tenía elementos para llevar a juicio por ese delito a las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes aceptaron su responsabilidad en el delito de lavado de dinero para obtener una reducción de pena.
