Fuente: Proceso
En Juchitán, Oaxaca el miedo tiene una presencia que no necesita anunciarse. Se instala en los comercios que bajan la cortina más temprano, en quienes piensan dos veces antes de denunciar una amenaza y en las familias que han visto cómo la violencia dejó de ser un asunto lejano para convertirse en una posibilidad cotidiana.
La ciudad, una de las más importantes del Istmo de Tehuantepec, atraviesa una nueva etapa de violencia marcada por la extorsión, el cobro de piso y la disputa entre células criminales por el control territorial y de distintas actividades económicas.
No se trata solamente de homicidios aislados. La propia Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha descrito un escenario de confrontación entre grupos que buscan controlar las redes de extorsión y otras fuentes de ingresos ilícitos. En abril de 2026 la institución reportó que Juchitán ocupaba el primer lugar estatal en homicidios dolosos y extorsión, y el segundo en narcomenudeo; de todo esto tenía conocimiento el presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, alias el Quetu, quien fue el primero en caer. La mañana de ayer miércoles, en un operativo especial orquestado por las Fuerzas Federales, fue detenido cuando aparentemente intentaba huir y estaba por abordar un avión en el aeropuerto de Ixtepec.
En agosto, el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla reconoció públicamente que la violencia estaba relacionada con una disputa territorial y con el cobro de piso. De acuerdo con sus declaraciones, células vinculadas con Los Rusos, procedentes de Guerrero, mantenían una confrontación con grupos asentados en Oaxaca por el control del corredor del Pacífico. La disputa habría alcanzado particularmente al transporte público y, en especial, a los mototaxistas.
La ubicación de Juchitán es primordial para el comercio legal e ilegal; es el punto que conecta Sudamérica, Centroamérica y el sureste de nuestro país con la zona centro y el sur de México. Todo pasa por ahí, desde migrantes, drogas (principalmente cocaína) en grandes cantidades, armas para surtir a todos los cárteles de las drogas que aquí operan y cantidades de efectivo impresionantes. En ese contexto todo tiene precio para pasar por ahí, desde migrantes hasta los famosos “autos chocolate”.
En la región el crimen organizado se ha establecido de tal manera que incluso delincuentes locales o grandes estructuras como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son quienes controlan y rigen el mercado de la ganadería, el transporte. Establecen el precio de las empresas cerveceras, de refrescos y de frituras que surten las tiendas de conveniencia, e incluso de la construcción, pues únicamente a ellos se les puede comprar el material para hacer cualquier tipo de obra sin importar la magnitud.
“Cada semana llegan esos hombres a comprar las reses. Con ellos no peleamos ni discutimos porque pagan en efectivo y a un precio más barato que si lo comprara Bafar o cualquier empresa grande; sólo cuentan las cabezas, pagan y se van. No sé si eso sea contribuir a que la situación se haya empeorado en la región, pero qué hacemos, es la única manera que tenemos de vender todo lo que deja el campo”, explica Jacinto, un ganadero ubicado en el pueblo La Ventosa, justo donde esta la Y griega que conecta Chiapas y Oaxaca.
La extorsión se convirtió así en una de las expresiones más visibles de esa lucha.
Detención del Quetu desata protestas
El Istmo de Tehuantepec cruje de nuevo. El asfalto caliente de la carretera Transístmica vuelve a oler a hule quemado y a gas lacrimógeno, mientras el viento zapoteca esparce la densidad del humo por todo Juchitán de Zaragoza. La captura de Miguel Sánchez Altamirano, el Quetu, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, cargo al que llegó con la bandera de Morena, no ha sido un procedimiento policiaco estándar; se convirtió, en cuestión de minutos, en un terremoto social, político y de seguridad pública en el corazón del Istmo.
El golpe cayó en un despliegue relámpago coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. El Quetu fue asegurado junto a Carlos Alberto “N”, alias La Parca, bajo una orden de aprehensión por extorsión agravada, tráfico de armas y delitos contra la seguridad del Estado.
De acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad, el edil no sólo utilizaba su investidura para brindar cobertura política y protección financiera a la célula criminal Los Cromo, sino que presuntamente era el orquestador de la logística de presión social (bloqueos y protestas) para respaldar al grupo delictivo cuando alguno de sus integrantes caía.
Apenas corrió el rumor del arresto por los barrios y agencias de Juchitán, la reacción no se hizo esperar. Grupos de mototaxistas, sectores de simpatizantes locales y pobladores leales al edil cerraron los accesos estratégicos del municipio. Bloquearon la arteria Transístmica con neumáticos ardiendo y vehículos cruzados, paralizando el tránsito comercial entre Oaxaca y Veracruz.
El tejido social está bajo tensión entre la movilización y la fractura.
El movimiento social juchiteco —históricamente contestatario, organizado y profundamente celoso de sus usos, costumbres e identidad política— se encuentra hoy atravesado por una evidente división: sectores del mototaxismo y organizaciones sociales con arraigo en las agencias municipales salieron a calificar la aprehensión como un “atentado político” o una cacería orquestada desde el centro del estado para desarticular el liderazgo local.
A su vez, comercios, transportistas y pequeños productores, cansados de meses de extorsión, cobro de piso y ataques armados contra negocios, observan el operativo con un tenso escepticismo, deseando que el golpe desarticule de fondo las redes de extorsión que minan la economía istmeña.
Guerra por el territorio y por el dinero
Las autoridades oaxaqueñas han identificado en Juchitán diversas células dedicadas a actividades criminales y han señalado a objetivos como La Patrona, Cromo y La Parca, además de personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales de mayor alcance.
La Fiscalía sostiene que algunas de estas estructuras han recurrido a sicarios, halcones, mensajeros y, de manera particularmente preocupante, a menores de edad incorporados a dinámicas delictivas. La llamada Operación Sable, desplegada desde 2025, ha dejado más de 140 personas detenidas y el aseguramiento de decenas de armas de fuego, municiones y drogas, según el propio balance de la Fiscalía.
Pero detener integrantes de una célula no necesariamente significa que desaparezca el negocio. Cuando una estructura criminal pierde a uno de sus operadores, otras pueden intentar ocupar el espacio que queda. Y es precisamente ahí donde la disputa territorial adquiere otra dimensión: no sólo se pelea una calle o una colonia, sino el derecho de imponer quién trabaja, quién vende, quién transporta mercancías y quién puede desarrollar una actividad económica sin pagar por ello.
El propio fiscal ha señalado que la delincuencia pretende imponer reglas mediante violencia, amenazas y extorsión, hasta el punto de intentar decidir quién puede trabajar, comerciar, circular o vivir tranquilamente.
La balacera que desencadenó todo
Uno de los episodios que mejor refleja la gravedad del momento ocurrió en septiembre de 2026, cuando fue atacada a balazos la vivienda del diseñador textil zapoteco Elvis Guerra, quien había adquirido notoriedad nacional después de participar en la elaboración del atuendo utilizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante las fiestas patrias.
Guerra denunció públicamente haber sido víctima de amenazas y extorsión. También afirmó que numerosos juchitecos han abandonado la ciudad debido al miedo y reclamó la intervención de las autoridades federales y estatales. La Fiscalía informó que había identificado a dos presuntos responsables del ataque y que una de las líneas de investigación era un intento de extorsión.
El caso tuvo especial repercusión porque puso rostro a una problemática que comerciantes, transportistas, empresarios y familias de Juchitán han denunciado desde hace meses.
En febrero, el gobierno de Oaxaca reconoció que la extorsión y el cobro de piso estaban afectando tanto a las familias como a la economía del Istmo. Ese mismo mes autoridades estatales y federales anunciaron un despliegue especial de seguridad en Juchitán y la región.
El miedo, sin embargo, no se mide únicamente en estadísticas. Se mide también en el silencio, en la decisión de no hablar, en la precaución de no denunciar, en la familia que modifica sus horarios, en el comerciante que se pregunta si abrirá mañana.
Y en quien escucha una motocicleta detenerse frente a su casa y por unos segundos se pregunta qué puede ocurrir después.
Pero Juchitán no nació para agachar la cabeza. Hay algo que resulta indispensable entender cuando se habla de Juchitán: ésta no es una comunidad que pueda explicarse únicamente desde la violencia. Juchitán tiene una larga tradición de organización, protesta y resistencia.
A mediados de los setenta surgió la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo, la COCEI, un movimiento que tuvo entre sus primeras causas la lucha campesina contra el despojo de tierras y que posteriormente amplió sus demandas hacia los salarios, los servicios públicos, las condiciones de vida y la oposición a las prácticas autoritarias del poder político de la época.
La COCEI se convirtió con el tiempo en uno de los movimientos sociales y políticos más importantes del México de la segunda mitad del siglo XX y transformó la vida política de Juchitán, por eso, decir que Juchitán simplemente “padece” la violencia sería contar una historia incompleta.
Los juchitecos tienen memoria de lucha.
Han enfrentado cacicazgos, disputas agrarias, represión política, desastres naturales y crisis económicas. Han construido organizaciones para defender sus tierras, su cultura y sus formas de vida.
Esa tradición explica una característica que todavía forma parte de la identidad de la ciudad: el juchiteco puede tener miedo, pero difícilmente acepta que el miedo defina quién es.
La ciudad de Toledo
Juchitán también es tierra de cultura. Aquí nació Francisco Toledo, uno de los grandes artistas mexicanos del siglo XX y una figura fundamental de la cultura oaxaqueña. Su relación con Juchitán no fue únicamente la de un artista nacido en la ciudad: Toledo participó activamente en la preservación y promoción de la cultura zapoteca.
En 1972 impulsó, junto con personas organizadas de la comunidad, la creación de la Casa de la Cultura de Juchitán, concebida como un espacio para preservar y difundir la cultura zapoteca. Esa relación entre arte, identidad y resistencia es parte esencial de Juchitán.
Aquí la cultura no es un adorno, es una forma de pertenencia. Es lengua, música, pintura, poesía, textiles, mercados, fiestas y memoria y es también una manera de decir que la ciudad no puede reducirse a las noticias de nota roja que aparecen cuando hay disparos.
Una ciudad entre dos imágenes
El contraste es brutal. Por un lado, está el Juchitán de las mujeres que sostienen buena parte de la vida comercial, de los mercados, de las fiestas, de la lengua zapoteca, de los textiles, de los artistas, de los músicos, de los muxes; de las familias que han construido una identidad cultural extraordinariamente fuerte.
Por otro, aparece un Juchitán sometido a una presión criminal que pretende convertir la actividad económica cotidiana en una fuente de ingresos mediante la amenaza. Es ahí donde se encuentra actualmente la batalla.
También entre una ciudad que quiere conservar su forma de vida y grupos que pretenden imponer otra lógica: la del miedo como mecanismo de control. Las autoridades han respondido con operativos, detenciones y despliegues de fuerzas estatales y federales.
En julio, el gobierno de Oaxaca informó que el denominado Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar había producido 219 detenciones y el aseguramiento de armas, drogas y vehículos.
Sin embargo, los propios hechos posteriores muestran que el problema no puede considerarse resuelto.
El desafío no es sólo recuperar las calles
Recuperar Juchitán implica algo más que aumentar patrullajes, significa conseguir que un comerciante pueda abrir su negocio sin recibir una amenaza, que un mototaxista pueda trabajar sin pagar derecho de piso, que una familia pueda salir de noche sin preguntarse si regresará, que denunciar no sea percibido como una sentencia, que los jóvenes no sean reclutados por estructuras criminales y que la población vuelva a sentir que la autoridad está de su lado.
Pero también significa proteger aquello que hace que Juchitán sea Juchitán. Su lengua, su cultura, sus mercados, sus artistas, sus mujeres, sus tradiciones, su memoria y sobre todo, su capacidad histórica de organizarse frente al poder.
Porque hay una paradoja en el corazón del Istmo: la misma tierra que alguna vez produjo una de las expresiones de organización popular más importantes de México hoy enfrenta grupos armados que pretenden imponer su propia autoridad.
La historia de Juchitán demuestra que sus habitantes no han sido espectadores pasivos de lo que ocurre a su alrededor, por eso, frente a las balas y las amenazas, permanece una pregunta que va mucho más allá de la seguridad pública. Juchitán tiene miedo. Negarlo sería ignorar a quienes viven la violencia, pero también tiene memoria y quienes conocen su historia saben que esta tierra, aun herida, nunca ha sido una tierra acostumbrada a rendirse.
Juchitán entra así en horas decisivas. Mientras la autoridad judicial determina la situación legal del presidente municipal, la población juchiteca camina sobre un delgado alambre: por un lado, el reclamo de justicia y seguridad limpia; por el otro, el fantasma del desorden social, el vacío político y la violencia omnipresente.
