WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha intensificado su presión sobre México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con fuentes cercanas al tema, las solicitudes también incluyen la extradición a territorio estadounidense si existen cargos en su contra.

Estas exigencias fueron expresadas directamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su equipo, en al menos tres reuniones con funcionarios mexicanos.

De fondo, Washington busca que la administración de Claudia Sheinbaum emprenda una ofensiva directa contra la narcocorrupción, lo que podría incluir a miembros del partido gobernante Morena.

“En las discusiones, los funcionarios estadounidenses han pedido acciones contra varios políticos del propio partido Morena, incluso amenazando con imponer más aranceles si México no toma medidas”, señalaron dos fuentes.

La petición inicial fue planteada el 27 de febrero en Washington, durante un encuentro entre Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

¿Qué funcionarios estuvieron presentes?

Además de Rubio y De la Fuente, a la reunión asistieron:

  • Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos.
  • Funcionarios del Departamento de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Nacional.
  • Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México.
  • Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Ni las instituciones mexicanas ni estadounidenses involucradas han emitido comentarios públicos sobre estas pláticas.

¿Qué implica esta ofensiva?

Las acciones solicitadas por Estados Unidos incluirían:

  • Procesar penalmente a políticos en funciones.
  • Acelerar la captura o deportación de objetivos prioritarios para la DEA y el FBI.
  • Establecer comunicación directa entre un “zar del fentanilo” y el gobierno de Sheinbaum.
  • Incrementar las revisiones fronterizas de carga y personas.

México ya extraditó a 29 miembros de cárteles en febrero, lo que se considera la entrega más grande en años. Esta acción ocurrió después de amenazas de Trump sobre imponer aranceles a productos mexicanos.

¿Qué nombres se mencionan?

Según dos fuentes, en las reuniones se mencionó a cinco funcionarios actuales de Morena y a un exsenador. Entre ellos:

  • Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.

El 11 de mayo, Ávila informó que Estados Unidos revocó su visa y la de su esposo, sin dar motivos. “Es una injusticia”, escribió en redes sociales.

México, entre presiones y límites legales

En México, la Fiscalía General es un órgano autónomo. Además, gobernadores y legisladores federales cuentan con fuero constitucional. Para que sean juzgados por delitos como narcotráfico, debe autorizarlo el Congreso.

Estados Unidos ha acusado antes a México de proteger a políticos con presuntos nexos con cárteles. No obstante, no se ha confirmado si entregó una lista formal con pruebas.

El antecedente más cercano de un caso de alto nivel fue en 2020, con la detención en Los Ángeles del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos. La captura tensó la relación bilateral. Poco después, EU retiró los cargos y lo repatrió. En México no fue procesado.

 

Fuente: El Imparcial