Por: | Herald/Times
El jueves 28 de mayo por la mañana, agentes federales de inmigración llegaron a una obra de construcción de edificios de apartamentos cerca de la Universidad Estatal de Florida y detuvieron a docenas de trabajadores mientras familiares, amigos y colegas angustiados observaban cómo las autoridades los interrogaban y detenían.
Al menos 30 personas fueron arrestadas, esposadas y retenidas dentro de un autobús blanco con ventanas enrejadas, a la espera de ser trasladadas a una instalación desconocida. Algunos de los trabajadores detenidos hablaron con la prensa a través de las ventanas, identificándose como nicaragüenses, venezolanos, mexicanos y hondureños. Uno de los detenidos afirmó tener residencia permanente en Estados Unidos.
“Nos tratan como criminales”, dijo un trabajador mexicano detenido, que se identificó como Gerónimo, a un reportero del Miami Herald. “Ni modo”, dijo, lamentando que no se valore el trabajo que realiza en Estados Unidos. “Ahora vamos a devolver esa energía a nuestro país”.
El operativo migratorio, liderado por el ICE con la ayuda de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), es el ejemplo más reciente de cómo la administración Trump y el Estado colaboran para acelerar las deportaciones en Florida. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, el gobernador Ron DeSantis ha presionado a las agencias policiales locales y estatales para que se unan a la ofensiva migratoria del presidente; apoyando una redada estatal que resultó en cientos de arrestos.
El jueves, el ICE dijo en un comunicado que las autoridades acudieron al sitio de construcción para entregar “múltiples órdenes de allanamiento como parte de una investigación en curso en la región de Tallahassee”.
No está claro si todos los detenidos fueron identificados por las autoridades federales antes de su llegada, o si fueron detenidos por estar allí.
Faustino Macedo, un padre de 41 años cuya esposa y cinco hijos son ciudadanos estadounidenses, se encontró entre los detenidos el jueves, según informó su esposa, Amanda Parrish, al Herald. Macedo estaba en proceso de obtener su tarjeta de residencia permanente, no tenía antecedentes penales y llevaba 14 años trabajando en la misma empresa, añadió Parrish.
La empresa, New South Systems, no respondió a una solicitud de comentarios.
Parrish vio a su esposo permanecer de pie durante horas junto a decenas de trabajadores, mientras estos estaban siendo interrogado por las autoridades federales sobre su estatus migratorio. Ella permaneció de pie junto a una valla llorando y preocupada por su familia.
“Esto es lo que hubiera querido que no pasara”, dijo entre lágrimas. “No son solo inmigrantes. Tienen familia”.
Lila Muñoz, de 22 años, estaba con su hermano y su madre afuera de la obra donde trabajaban su tío y su padre. Su padre fue detenido y metido en el autobús, dijo. Tiene esperanza de que lo liberen porque, según dijo, hay pruebas de que estaba en proceso de inmigración legal y de que no tiene antecedentes penales.
Mientras observaba a las autoridades federales interrogar a los trabajadores, Muñoz recordó una conversación reciente que sus padres tuvieron con ella y sus dos hermanos menores. Quería prepararlos para tal evento.
“Me duele que las familias tengan que hablar de esto con sus hijos”, dijo Muñoz entre lágrimas. “Nunca hizo hecho nada ilegal. Simplemente trabaja duro todos los días para mantener a su familia”.
Ella dijo que el mensaje principal de su padre era claro.
“Quería que fuéramos fuertes”, dijo Muñoz.
Fuente: El Nuevo Herald
