Por: Itzel Ramírez | La Verdad Juárez
Chihuahua.- El exgobernador César Duarte Jáquez mantenía en uno de sus ranchos la infraestructura suficiente para acaparar cerca de 700 mil metros cúbicos de agua sin tener los permisos ni concesiones de ley, acusó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De acuerdo con Efraín Morales López, director de la Conagua, una revisión a los títulos de concesión exhibió que en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, se encontraba una presa, cinco represas y un pozo que no contaban con los documentos que acreditaran su uso legal, lo que llevó a la ejecución de un procedimiento administrativo para la clausura y destrucción de las construcciones.
En conferencia de prensa de la Presidencia de la República, Morales explicó que menos de 24 horas después de la notificación del procedimiento, Duarte Jáquez –que enfrenta en libertad varios procesos judiciales por corrupción–, es señalado ahora por despojar de agua a Chihuahua, un Estado que padece sequías crónicas obtuvo una suspensión provisional para evitar la ejecución, aunque sí se realizó la destrucción de la presa.
El funcionario dijo que la conducta exhibida en el rancho se debía a un “contubernio” y que representaba la comisión de un delito.
“El uso ilegal del agua en sí mismo es un delito. Entonces, hay delitos y hay responsables que están participando en cometer estos delitos. Se trata también de —que es importante señalarlo—, de un tema de contubernio, es un tema en el que participan varias personas para sacar un beneficio personal en perjuicio de la gente”, señaló Morales en la conferencia de prensa de la Presidencia de la República celebrada ayer.
La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó al señalamiento de la participación de autoridades para permitir el acaparamiento de agua.
“… Lo que no se puede permitir es que un lugar donde hay escasez de agua, haya una apropiación privada del agua sin permiso y, además, pues en este contubernio de autoridades”, mencionó la titular del Ejecutivo.
Sheinbaum Pardo indicó que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República tanto por el uso ilegal del agua como por las conductas de “todos los que estén vinculados con este proceso”.
En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos se refirió al operativo.
“Todos los chihuahuenses, si no es que todos los mexicanos, estamos viéndola muy dificl en el tema del agua y que no se vale que alguien que tuvo autoridad se aproveche de esa situación … y qué bueno que si hay una irregularidad, qué bueno que se hizo el cateo, qué bueno que se quite el agua para darle el agua a la gente que lo necesita”, declaró a medios.
José Luis Martínez, vocero del gobierno estatal, no respondió cuando fue cuestionado por La Verdad Juárez para saber si autoridades locales participaron en el operativo de destrucción de la infraestructura dentro de “El Saucito”.
CRITICAN A JUEZA POR AMPARO
Según la narrativa de Morales, el lunes 26 de mayo la Conagua notificó que al día siguiente, se ejecutaría el procedimiento administrativo para derribar y claususrar la presa, las represas y el pozo; para ese mismo martes 27, la jueza Madhay Soto Morales, del décimo Distrito federal en Chihuahua, concedió una suspensión provisional como parte del expediente 1183/2025.
Tanto el titular de Conagua como la presidenta Sheinbaum criticaron la decisión de la jueza, quien en agosto de 2023 dictó una suspensión para evitar la entrega en Chihuahua de los nuevos libros de texto gratuito, en un caso que enfrentó al gobierno federal con la administración estatal.
“Quien se presenta a informarnos que este procedimiento se está llevando a cabo fue quien dijo ser los hermanos del gobernador. Y además, también lo que nos informan es que se trata de la misma juez, por ejemplo, que suspendió la distribución de los libros de texto. Entonces, creemos que esto es parte de esta asociación que se tenía entre el poder político y muchos factores de poder para seguir sacando beneficios de manera personal”, detalló Morales.
El registro del recurso de amparo indirecto indica que los promotores fueron Severiano Bustillos y Alejandro Orpinel Bustillos, que interpusieron como acto reclamado específico la demolición de obras dentro del predio ejidal.
De acuerdo con los avisos, se fijó el 3 de junio como la fecha para la audiencia incidental, mientras que el 25 del mismo mes será la audiencia constitucional.
Ayer por la tarde, el abogado Juan Carlos Mendoza Luján, defensor de Duarte en procesos penales, emitió un comunicado en el que señaló que le había sido notificada la orden de ejecución del procedimiento administrativo.
“Ante dicha notificación le informé al personal de la Comisión Nacional del Agua que ni mi cliente ni nadie que le represente tiene posesión del rancho El Saucito por estar ilegalmente asegurado, de tal manera que respetuosamente consideramos que la notificación era irrelevante”, se lee en el comunicado.
El abogado afirmó que fue “un grupo de ejidatarios de un ejido avecindado al rancho, así como un grupo de hermanos indígenas que suelen aprovechar para consumo de su ganado y para su uso humano las aguas que corren por el rancho El Saucito”, quienes promovieron el amparo.
Según Mendoza, la barda que retenía el agua tiene más de 40 años de existencia y no es capaz de retener los 700 mil metros cúbicos de líquido que señaló Conagua.
“Lamentamos enormemente la desinformación que equívocamente le fue otorgada a la Presidenta de la República”, finalizó el comunicado.
PRESAS EN PLENA SEQUÍA
La acusación sobre el acaparamiento de agua tiene lugar a poco más de un mes de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles adicionales a México por la deuda de agua derivada del Tratado Internacional de Aguas de 1944.
El anuncio de Trump hizo que la presidenta Sheinbaum indicara a parte de su gabinete la necesidad de negociar para entregar el agua a Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad del recurso en el Río Bravo.
El agua presuntamente contenida en las presas de Duarte, recordó Sheinbaum, forma parte de los ríos de la cuenca del tratado de 1944, que están en los territorios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Ya en 2020, la entrega de agua a Estados Unidos supuso conflictos entre autoridades locales, federales y agricultores en Chihuahua.
A inicios de abril de este año, la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas informó que, debido a la sequía, no sería posible cumplir con la entrega de la cuota del líquido.
El monitor de sequía de Conagua para el 15 de mayo registró que prácticamente la totalidad del territorio de Chihuahua estaba entre sequía extrema y sequía excepcional.
Vía Revista Espejo
