Por: Manu Ureste | Animal Político
Eran las 10 de la mañana de ayer martes, bajo el intenso sol de la región michoacana de Tierra Caliente. Juan, un campesino de apenas 29 años cuya verdadera identidad queda protegida, se encontraba trabajando en un pedazo de huerta de limón en la comunidad de El Alcalde, una pequeña localidad rural ubicada a unos 40 minutos de la cabecera municipal de Apatzingán, cuando a unas escasas dos horas para terminar la jornada pisó una mina antipersona que estaba oculta en la tierra.
A diferencia de lo sucedido tan solo una semana atrás, cuando otro grupo de agricultores de limón que viajaban a bordo de un vehículo salvaron la vida milagrosamente tras activar otra mina oculta en el paraje La Angostura, muy cerca de El Alcalde, o lo acaecido poco más de un mes antes, el pasado 16 de abril, cuando otro campesino de limón, también de 29 años, se salvó del ‘minazo’ porque iba a bordo de un tractor que lo protegió, Juan no tuvo suerte y falleció en el acto.
Apenas un mes y medio antes, el 2 de abril, otro agricultor de limón murió tras accionar otra mina antipersona mientras trabajaba en una parcela de la comunidad Puerta de Alambre, a escasos kilómetros de El Alcalde y El Guayabo, dos comunidades donde al menos 500 personas salieron huyendo el pasado 15 de marzo luego de que dos cárteles se disputaran sendas localidades en un enfrentamiento que duró toda la noche, y para el que utilizaron armas de grueso calibre, así como minas explosivas y también drones que dejaban caer bombas artesanales sobre las casas que los sicarios de ambos bandos utilizaban para ocultarse. Los dos pueblos quedaron prácticamente vacíos, ‘fantasma’, tal y como narró Animal Político en esta crónica a partir de un recorrido por la zona el viernes 4 de abril.
Juan es, a la fecha, la última víctima de la terrible estadística que está contabilizando el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, la cual señala que en menos de cinco meses de este 2025 van al menos 10 personas que han sido víctimas de las minas explosivas en la región de Apatzingán-Buenavista, ya sea como víctimas mortales (7), o como lesionados de diferente consideración (3).
O en otras cifras: en la región, cada 14 días se registra una víctima de las minas antipersona ‘plantadas’ por los cárteles de la droga que se disputan esta zona de Michoacán rica en cultivos de limón.
“Los caminos de Apatzingán no solo se están volviendo ‘caminos de terror’, sino que es una causal de que la gente abandone su lugar de residencia y que queden abandonados los pueblos porque no es posible vivir ni prosperar en un contexto de violencia así”, planteó una persona integrante del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, que pidió anonimato por motivos de seguridad.
Esta persona activista también señaló que al menos un 40 % de los casos de víctimas por minas antipersona que tienen documentados en la región son de trabajadores del campo, especialmente de los agricultores de limón, lo cual también está provocando que las huertas se estén quedando vacías en mitad del enfrentamiento armado entre los dos grupos criminales antagónicos, los cuales no solo están minando los caminos rurales y de terracería para impedir el avance del grupo rival, sino también los propios campos de cultivo.
“Esto está trayendo otra consecuencia, y es la pérdida de cosechas. En El Alcalde, por ejemplo, ya se perdieron hectáreas enteras de cosecha por la ausencia de las personas que mejor decidieron huir para salvar sus vidas y las de sus familias”, apuntó la persona activista. Sobre esto, cabe recordar que luego del éxodo masivo de al menos 500 personas que huyeron de El Alcalde y El Guayabo el 15 de marzo, se había producido en “retorno parcial” a ambas localidades, que ayer martes vivieron con consternación el fallecimiento de otro agricultor de limón, Juan.
“Y seguramente, en la huerta donde ocurrió este último evento por una mina, pues no se podrá trabajar durante un tiempo, y esa huerta será considerada de riesgo por los agricultores. De ahí que, por un lado, se están perdiendo vidas, y por el otro, se están perdiendo trabajos y modos de vida, así como inversiones agrícolas”, agregó la persona integrante del Observatorio.
Además de la decena de víctimas registrada en lo que va de año en Apatzingán por las minas antipersona, este problema también se ha dado en otras regiones de Michoacán. Por ejemplo, en diciembre de 2024 dos militares perdieron la vida en el municipio vecino de Buenavista. Mientras que en 2022 otro jornalero agrícola murió en el municipio de Aguililla, también víctima de los artefactos explosivos ocultos en la tierra.
“Llevamos más de dos años con este problema y no ha habido solución”, lamenta la persona activista del Observatorio, que apunta que, si bien es cierto que periódicamente las autoridades estatales y del Ejército anuncian el decomiso de explosivos –en enero pasado, por ejemplo, desactivaron en Apatzingán más de 200 minas y bombas artesanales para dron, mientras que apenas en abril fueron decomisados otros 116 fusiles y armas de asalto–, lo cierto es que la situación actual se ha vuelto “un círculo vicioso”.
“No ponemos en duda de que existen cuerpos especializados, tanto en el Ejército como de la Guardia Civil michoacana, para atender esta situación de las minas; de hecho, honramos también la memoria de quienes han perdido la vida en estas actuaciones para desactivar los explosivos”, planteó la persona activista.
“Pero, lo que sucede es que, así como las vienen desactivando las autoridades, así las viene reinstalando los grupos criminales. De ahí que, una posibilidad, sería que se llevaran a cabo acciones de desmantelamiento de las líneas de suministro que permiten la elaboración de estos artefactos, y no solo la confiscación de los mismos. Se necesita también la aprehensión de quienes fabrican estas minas y explosivos, y también de quienes fabrican las bombas artesanales para los drones que utilizan estos grupos, y rastrear a quién o quiénes les proporcionan esos drones, porque no creemos que los grupos tengan la capacidad de fabricarlos ellos mismos. Y todo esto se debería llevar a cabo a través de inteligencia civil y militar”, planteó la persona activista.
Asimismo, esta persona recordó que México suscribió desde 1997 el Tratado de Ottawa, por el que el país se comprometió a eliminar todo tipo de minas antipersona de su territorio, y a aplicar las políticas que sean necesarias para evitar la fabricación, acumulación y el uso de estos artefactos explosivos.
“No se tiene que inventar nada nuevo. Los parámetros de cómo actuar frente a esta problemática ya están dados desde hace tres décadas, y por eso nuestra reivindicación es que se lleve a la práctica la aplicación de ese tratado”, concluyó.
“Les tenemos pánico a las minas”
Mientras se aplica ese protocolo, la ciudadanía es la principal afectada por el uso de las minas antipersona y de drones por parte de los grupos criminales.
“No hay palabras para explicar cómo nos sentimos. Estamos mal, no podemos ni dormir. Son noches enteras en vela porque no tenemos tranquilidad. Escuchamos cualquier ruido y nos espantamos, nos tiramos al piso, corremos a escondernos. Nos quedamos muy traumados”, dijo en entrevista desde una casa en la ciudad de Apatzingán una vecina de El Guayabo, que salió huyendo de su pueblo tras el enfrentamiento de la noche del 15 de marzo.
“Le tenemos pánico a las minas”, añadió otra mujer desplazada, que vive en la misma casa donde, al menos, hay 10 familias desplazadas de El Alcalde y El Guayabo.
“No se puede ni ir a trabajar por todas las minas que hay plantadas por los caminos. Mi esposo sí tiene que ir al huerto, porque dependemos de eso para que podamos comer, pero no sabemos si va a volver”, agregó la mujer con lágrimas en los ojos.
“Es el temor nuestro de todos los días: salir a la huerta y pisar una mina. Pero no hay de otra; tenemos que salir a trabajar para comer y darle escuela a los niños”, comentó otro agricultor de limón en el sepelio del campesino fallecido el 2 de abril tras pisar con su moto una mina, el cual era originario de la comunidad de ‘Holanda’.
La activista y ahora integrante del cabildo de Apatzingán como regidora, Carmen Zepeda, ha lamentado en reiteradas ocasiones públicamente que ninguna autoridad, de ningún nivel de gobierno, esté tomando el tema de los desplazamientos forzados y las minas explosivas con la seriedad que requiere la problemática.
Por el contrario, criticó, “pareciera que quieren minimizar el asunto”, pues el pasado 18 de marzo, tres días más tarde del ‘éxodo masivo’ de al menos 500 personas de El Alcalde y El Guayabo, el secretario de Gobierno michoacano habló ante los medios de comunicación para referir que únicamente tenían reportes de unas 15 familias desplazadas en la zona, lo cual generó enojo entre los desplazados y la propia regidora.
En este contexto, cabe recordar que desde el pasado 9 de marzo un juez del primer Distrito del estado de Michoacán ordenó mediante un amparo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de la entidad, Alfredo Ramirez Bedolla, a reiterar y localizar lugares donde existan minas terrestres utilizadas por el crimen organizado.
De acuerdo con el amparo 272/2025, el juez consideró que hay una omisión por parte del Estado mexicano de desplegar acciones para identificar los sitios de instalación de minas terrestres.
“Deberán elaborar un programa nacional de desminado con el objeto de determinar la extensión y ámbito del problema de las minas en la zona de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, y sus zonas aledañas”, indicó el documento.
