El titular del organismo dijo que está abierta la posibilidad de acompañar a organizaciones que decidan acudir a la SCJN en caso de que existan visos de inconstitucionalidad en el nombramiento.
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que la designación del general de Brigada Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional no fue “la óptima ni la ideal“, y que espera que las decisiones para el combate de la delincuencia no se anclen al mandato del Ejército.
Afirmó que “sin que implique hablar mal del Ejército”, está abierta la posibilidad de acompañar a las organizaciones de la sociedad civil que decidan acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que existan visos de inconstitucionalidad en el nombramiento.
El ombudperson nacional comentó estará muy pendiente del proceso legislativo para la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, y así evitar que se pierdan los dos candados que se establecieron en la reforma constitucional: la temporalidad de cinco años y la adscripción civil.
“La CNDH no bajará la guardia para denunciar los excesos en que incurran los elementos de la Guardia Nacional durante su labor”, advirtió.
Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018, González Pérez afirmó que México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas de su sistema penitenciario, al que como sociedad no se quiere voltear a ver ni interesan la situación y realidad que allí se viven.
“Suponer que la prevención y la investigación de los delitos, así como la procuración y administración de justicia concluyen cuando se determina contra una persona una pena privativa de libertad implica una visión limitada y parcial. Los centros penitenciarios, si no se atienden y vigilan, pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y, paradójicamente, impunidad. Lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad sigue siendo más una aspiración que una realidad concreta”, aseguró.
Respecto al diagnóstico, este reveló que los centros de reclusión de Guanajuato, Querétaro y Coahuila alcanzaron calificación mayor a 8, mientras que los de 21 entidades obtuvieron entre 6 y 8, y los de las restantes ocho entidades –Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Tamaulipas— resultaron reprobados al conseguir menos de 6 puntos.
Los Centros Federales mejor calificados fueron tres de las Islas Marías, Cefereso “Aserradero”, 8.67, Cefereso “Bugambilias”, 8.50, y Ceferero “Morelos”, 8.45, que por última ocasión serán tomados en cuenta en el DNSP debido al cierre de los mismos; en tanto, el Cefereso “CPS” Número 8 de Guasave, Sinaloa, obtuvo 7.89, y el Cefereso Número 12 “CPS”, en Guanajuato, 7.87.
Las deficiencias detectadas con mayor incidencia en los centros estatales se refieren a separación entre procesados y sentenciados (76 por ciento), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (72 por ciento), sancionados, sujetos a protección (33 por ciento), cocina y comedores (46 por ciento), insuficiente personal de seguridad y custodia (84 por ciento), hacinamiento (36 por ciento), falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo (70 por ciento).
Concluyó que si bien no se encontró autogobierno ni sobrepoblación en las prisiones federales, se ubicó un 45 por ciento donde las funciones de autoridad eran ejercidas por personas internas.
