Hermosillo,Sonora.- Con el afán de que la exigencia que han mantenido por más de una década para que se les pague lo que aseguran les corresponde por el valor del 5% de acciones provenientes de la compra venta de la mina en 1990, la comisión y un grupo de mineros derechosos demandantes, se trasladaron desde el pasado fin de semana a la Ciudad de México, donde lograron entablar algunas reuniones que consideran de relevancia indicó Jesús Toyos Córdova, quien encabeza la comisión representativa del grupo.
Señaló que primero encabezaron una manifestación a las afueras de Palacio Nacional, donde a través de un altavoz exigieron a atención del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y donde se les atendió y se les agendó una audiencia en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que encabeza Luis María Aldalde.
Los demandantes, fueron recibidos ahí por el Sub Secretario Lic. Alfredo Domínguez M. y por la Secretaria Particular de Alcalde, Lic. Erendi Muñoz. “Recibimos una excelente atención, se hizo ahí un planteamiento muy amplio de la responsabilidad en este caso tanto de Napoleón Gómez Urrutia como de la empresa Minera” recalcó Fermín Espinoza, vocero de los derechosos quién añadió que el compromiso en esa instancia fue de analizar a profundidad el estado jurídico del caso.
Acto seguido, la comisión y el resto de los manifestantes, se trasladaron hasta la Fiscalía General de la República (antes PGR), donde se interpuso una denuncia penal en contra de Napoleón Gómez Urrutia, Senador de la República por MORENA y Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, donde en los próximos días tal como lo marca el procedimiento de ley, estarán ratificando dicha denuncia, argumentando que después de una investigación sacada a la luz pública por Carlos Loret de Mola en un noticiero de Televisa, donde se expuso el presunto manejo de empresas fantasmas de parte del ex Gobernador Javier Duarte y el actual Senador Napoleón Gómez Urrutia, se pide a la fiscalía que investigue si esos recursos son o no, provenientes de los 55 millones de dólares en disputa. Por lo que se pide a la Fiscalía que investigue y en su caso deslinde responsabilidades.
Aunque en Cananea se percibe un ambiente social polarizado, los derechosos aseguran que no cesarán en su intento de que se les haga justicia y puedan recibir ese recurso monetario que insisten, les corresponde.
Con información de SoyCobre.com
