Los integrantes del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que con la conformación de este dictamen se acotaba la autonomía de la Fiscalía General.
El dictamen por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, fue aprobado el martes 11 de diciembre en la Cámara de Diputados en sesión ordinaria, con 341 votos a favor, 119 en contra y una abstención.
Los integrantes del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que con la conformación de este dictamen se acotaba la autonomía de la Fiscalía General, se permitía la remoción del fiscal de forma libre y discrecional por parte del Ejecutivo Federal y es omisa respecto a la participación de la fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio.
Asimismo apuntaron que el dictamen no es congruente con la Ley General de Desaparición Forzada y no prevé mecanismos para la creación de la Comisión de la Verdad, para la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En ese sentido integraron un bloque de reservas al dictamen, que hasta la tarde del martes se debatía en el pleno de la Cámara baja.
La aprobación de esta Ley Orgánica se presenta cuatro años después de la reforma del artículo 102, que establece la creación de la Fiscalía General de la República y la reconfiguración del Ministerio Público.
De acuerdo con el dictamen la Fiscalía General se deberán cuidar plenamente los derechos del imputado y de las víctimas, en el marco de un proceso penal garantizará que también incorpore y visibilice la justicia de no repetición y que los principios rectores de la actuación de la Fiscalía deben de ser: autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, entre otros.
Plantea una estructura en la que el Fiscal General estaría a la cabeza las fiscalías especializadas en delitos electorales, en combate a la corrupción, derechos humanos y asuntos internos.
Asimismo estará conformada por la coordinación general, la de planeación y administración, de investigación y persecución penal, de métodos de investigación, un órgano de mecanismos alternativos de solución de controversias y un órgano interno de control.
Además se integra un centro de formación y servicio profesional de carrera, así como fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General.
Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscal General de la República deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años, contar con una antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho, ser experto y tener amplio conocimiento comprobable de la materia penal y de procuración de justicia.
Será el presidente de la República quien tendrá la facultad de elegir la terna que enviará a los senadores para la elección del fiscal, además de que podrá solicitar su remoción.
Para la designación y remoción de los titulares de las Fiscalías Especializadas, el fiscal general se basará en sus méritos y capacidades para ejercer el cargo.
El grupo parlamentario del PAN señaló que para generar una fiscalía autónoma era necesario reformar el artículo 102 con el objetivo de evitar que continúe la dependencia de la fiscalía a la figura del presidente.
“Lamentablemente con la reforma también se establecieron una serie de transitorios y disposiciones en el texto del propio artículo 102, que lejos de fortalecer la creación de un nuevo órgano autónomo derivaron en la imposibilidad de transitar a su puesta en marcha y es que hay que decirlo, el artículo 102 constitucional previó la construcción de un órgano autónomo, pero no previó mecanismos adecuados”, apuntó María del Pilar Ortega, diputada del PAN.
Los integrantes del PRI señalaron que en la elaboración del dictamen se ignoró a los representantes de las organizaciones civiles que han insistido en la integración de una fiscalía autónoma.
Durante el posicionamiento de la bancada de Morena, los integrantes del PAN se levantaron de sus curules y mostraron carteles en los que se leía #FiscalíaQueSirva.
