Hecho “abominable”. Valida la quema en basurero y llama a dilucidar si los restos son de los 43 normalistas.

 

 

 

 

 

Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) validó parte de la verdad histórica sobre una quema en el basurero de Cocula y el hallazgo de por lo menos 19 restos óseos, pidió a la Procuraduría General de la República ser exhaustiva en las investigaciones forenses para determinar si son de los 43 normalistas desaparecidos.

Para la CNDH, en el basurero de Cocula sí hubo un incendio” y en el sitio fueron encontrados restos de 19 personas, mínimo”, señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

En la presentación de la recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos en el caso Iguala, denunció que se trata de un hecho “abominable” en el que la verdad es una de las víctimas.

Respecto a lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, sostuvo que la investigación “es el caso más ominoso y complejo en la historia de la comisión. Social y políticamente marcó un antes y un después”.

González Pérez manifestó que el trabajo realizado por la CNDH “constituye la mayor aproximación a la verdad” y reveló que en no pocas ocasiones altos funcionarios de la PGR se negaron a proporcionar información, incluso a facilitar la toma de fotografías para validar información. Por el contrario, señaló que fue el Ejército la institución con la que menos problemas de obstrucción de información enfrentó el organismo.

“En diversas ocasiones, las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial o falsa, lo cual desorientó, confundió y generó incertidumbre en la opinión pública, propiciando que las víctimas fueran revictimizadas”, subrayó.

El ombudsman indicó que la recomendación 15VG/2018 debe constituir “un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer” y corresponderá al próximo gobierno federal “enderezar y continuar las investigaciones penales”.

La CNDH documentó que al menos 72 de los imputados fueron torturados o recibieron algún tipo de maltrato, y denunció que en diversas ocasiones hubo falta de cooperación de la PGR, incluso que negó o hizo caso omiso a las solicitudes de información.

También detectó que la diligencia de inspección que realizó la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Tomás Zerón y a la que se llevó al detenido Agustín García Reyes, El Chereje, se hizo al margen de la ley con irregularidades en la captura.

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