Funcionarios de confianza de 297 entes públicos contactan a despacho de abogados para asesorarse ante una inminente reducción de su pago.
CIUDAD DE MÉXICO.- Personal de confianza de 297 entes de la administración pública federal contactó al despacho de abogados Trusan & Roma para asesorarse en busca de un amparo que impida la reducción de su salario.
La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que los funcionarios no podrán ganar más que el presidente electo (108 mil pesos netos al mes) y que ya no habrá compensaciones.
“Servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional y socio de la firma Trusan & Roma.
En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo”.
Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Alistan amparos por baja salarial
Funcionarios federales de al menos 297 entes analizan cómo protegerse ante la reducción de ingresos o de prestaciones.
Personal de confianza de al menos 297 entes de la administración pública federal ya contactó a la firma de abogados Trusan & Roma para explorar la posibilidad de ampararse ante una inminente reducción de su salario a partir de la primera quincena de enero de 2019.
La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos elimina las compensaciones e impide a los funcionarios ganar más que el Presidente, y como Andrés Manuel López Obrador anunció que su salario mensual será de 108 mil pesos netos, se verán afectados los funcionarios que tienen sueldos de entre 140 mil y 220 mil pesos al mes.
Desde que dicha ley se publicó el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los teléfonos de la firma de abogados Trusan & Roma no paran de sonar, las visitas de los servidores públicos a las instalaciones no cesan y la bandeja de correos está saturada.
Excélsior acudió a una reunión en Trusan & Roma en la que decenas de servidores públicos solicitaron información para obtener un amparo y evitar con ello una disminución de sus salarios o sus compensaciones.
Quienes ganan menos de 108 mil pesos mensuales están buscando ampararse para no perder sus compensaciones, como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y de separación individualizado, mientras que los directivos que sí ganaban más de esa cantidad están buscando jubilarse de manera anticipada o de plano exigen su liquidación.
“Si me preguntas en cuáles dependencias se está viviendo más incertidumbre, yo te diría que la respuesta es: en todas. Todos los servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación por ver reducidas sus remuneraciones”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y socio de la firma Trusan & Roma.
Son cientos de correos los que Trusan & Roma está recibiendo. Entre ellos hay uno de un empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que labora en el extranjero, y le solicita a la firma que videograbe alguna de las próximas dos reuniones que habrá con servidores públicos.
En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo, pero de viva voz”.
Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene a 100% de su personal como de confianza, al igual que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.
En la Secretaría de Gobernación tienen esa condición 90% de los trabajadores, en Hacienda y Crédito Público, 75%, al igual que en Trabajo y Previsión Social, mientras que en la de Energía es 71
por ciento.
