Entre 2014 y 2017, irregularidades de munícipes de todos los partidos por más de 102 millones de pesos; los gobernantes del PRI encabezan la lista.
El 12 de octubre de 2016, a 48 días de que concluyera su mandato, Javier Duarte solicitó licencia a su cargo como gobernador de Veracruz. Había dicho que no lo haría, pero huyó del estado en un helicóptero, en medio de acusaciones por múltiples actos de corrupción y por haber saqueado las arcas del gobierno estatal.
Para desgracia de los veracruzanos, el desfalco al erario no acabó ahí.
Al año siguiente, los presidentes municipales, que desde 2014 coincidieron con Duarte en el poder, vivieron el último año en sus cargos trianuales, y de acuerdo con auditorias del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), la mayoría de ellos presuntamente también estafó y desvió millonarios recursos.
En 2017, que fue año de comicios municipales, 153 de los 212 alcaldes que concluyeron su gestión cometieron tal cantidad de anomalías con el dinero de sus presupuestos, que hoy están obligados a explicar dónde quedaron más de mil 102 millones de pesos de recursos públicos estatales.
Varios ayuntamientos permanecen con escasísimos fondos. Los nuevos presidentes municipales han encontrado, durante este 2018, incontables anomalías financieras.
No es algo nuevo en Veracruz. Al parecer hay un patrón de irregularidades en la entidad, tanto a escala estatal como municipal: entre 2007 y 2017, el Orfis ha presentado 158 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra alcaldes, funcionarios y ex funcionarios —estatales y municipales— que resulten responsables por un presunto daño al erario, calculado a septiembre de 2018, por más de 33 mil 21 millones de pesos de recursos del estado, sin contar perjuicios a fondos federales.
En cuanto a la gestión 2014-2017 ningún partido salió limpio: de los 153 alcaldes señalados, 71 son de PRI, 29 de PAN, 22 de PRD, 12 de Alternativa Veracruzana, 12 de Movimiento Ciudadano, 4 de PT y 3 del todavía existente en Veracruz Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Esa cifra de presuntos quebrantos municipales —los mil 102 millones— equivale a 25 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud del gobierno federal para su programa de atención a personas con discapacidad.
Se presume que ese dinero se desvió de las arcas a través del pago de sobrecostos en obras públicas o proyectos que no se ejecutaron o concluyeron, pagos sin comprobantes o con recibos falsos, o simplemente dejar de pagar a proveedores e incluso a autoridades de gobierno para usar el dinero con otros fines (es decir, desviar recursos), según las observaciones hechas por el Orfis en su Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2017, dado a conocer el pasado 1 de octubre.
También se presume que parte de ese dinero pudo haber sido mal utilizado para pagar adquisiciones de bienes y servicios que fueron contratados de manera irregular, fundamentalmente sin licitaciones de por medio.
Igualmente hay indicios, en otros casos, de que los recursos pudieron haber salido de las arcas municipales sin dejar un respaldo documental que explique en qué se utilizaron. Esto es, que algunos alcaldes simplemente desaparecieron el dinero sin dejar rastro alguno.
Aunque por ley los ex ediles y ex funcionarios todavía tienen oportunidad de solventar dichas observaciones y presentar documentación que justifique el uso de esos recursos o devolver el dinero, nunca antes los alcaldes de Veracruz habían tenido que aclarar el destino de tanto dinero público.
El único antecedente similar fue el de la Cuenta Pública de 2009, cuando se determinó un monto inicial por aclarar de mil 89 millones de pesos en 151 municipios. En esta ocasión se abren varios periodos de aclaraciones. El primero vence a finales de octubre.
