La oficina de Presidencia, Hacienda y Segob serán los ejecutores del nuevo proyecto de López Obrador

 

 

 

 

La apuesta del próximo gobierno federal, a partir del 1 de diciembre, es que tres instancias tengan prácticamente súper poderes, una vez que entre en vigor la reforma administrativa para cambiar la estructura con la que gobernará Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de la secretaría de Gobernación (Segob), que será comandada por la ex ministra Olga Sánchez Cordero; la de Hacienda (SHCP), que encabezará Carlos Urzúa; así como de la Oficina de la Presidencia, a cargo de Alfonso Romo.

Por ejemplo, la Segob hará cumplir las órdenes del Ejecutivo en el gabinete, conducirá las relaciones con medios de comunicación, con los órganos constitucionales autónomos, y con la Fiscalía General; garantizará el Estado laico y nombrará a los enlaces legislativos de cada dependencia.

A esto se suma el diseño y atención de programas de atención a víctimas; la difusión y actualización de un registro de personas desaparecidas, entre otras.

La SHCP tendrá nuevas funciones enfocadas a un mayor control y fiscalización del gasto público.

Además de realizar las contrataciones de todo el gobierno (incluidos medicamentos del sector salud), nombrará y podrá remover a los titulares de las unidades de Administración y Finanzas de cada dependencia (sólo las secretarías de Marina y Defensa no tendrán).

También se encargará de consolidar, actualizar y administrar el padrón de todos los beneficiarios de los programas gubernamentales y tendrá que mejorar la distribución de los subsidios que se entregan a través de ellos.

En tanto, la Oficina de la Presidencia no sólo tendrá a su cargo a los súper delegados estatales; también resguardará todos los documentos que conformen la memoria histórica del país. A su vez, conducirá la política de comunicación social y digital de la nación.

Todos estos cambios están contemplados en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por Morena, el pasado 18 de octubre, ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

La propuesta será aprobada antes del 1 de diciembre para que todas las nuevas funciones de cada dependencia puedan ejecutarse desde el inicio del sexenio lopezobradorista.

 

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