La nueva ley que se denominaría Ley General de Propaganda Oficial busca derogar la Ley De Comunicación Social publicada en mayo.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso este martes una nueva Ley De Comunicación Social para el Gobierno federal, y pidió derogar la que aprobó el PRI en abril pasado.

En una iniciativa presentada en tribuna por el diputado Pablo Gómez, se propone una nueva ley que se denominaría Ley General de Propaganda Oficial.

Esta ley tiene como propósito impedir que entre en vigor el primero de enero una ley aprobada por el Congreso (‘la Ley chayote’), con la protesta de una gran cantidad de legisladores de entonces, de la anterior legislatura, señaló Gómez.

En la distribución de tiempos oficiales, la propuesta de Morena plantea una proporción de 35 por ciento para el Ejecutivo federal, 10 por ciento para el Legislativo (en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado), 10 por ciento para el Poder Judicial, además de 10 por ciento para los organismos públicos autónomos federales y 35 por ciento para las entidades federativas.

En las disposiciones para la contratación expone cuatro reglas básicas: No contratar con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo importe total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social; no concentrar en un solo servicio de comunicación social (radio, televisión o prensa escrita) más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda.

Así como no establecer criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación; prohibición para contratar la difusión de noticias (llamadas a veces infomerciales o gacetillas) ni para hacer pagos para la difusión de actos oficiales de cualquier naturaleza.

De acuerdo con la propuesta, la Secretaría de Gobernación sería la encargada del control de un sistema informativo sobre la propaganda de la administración pública federal. Este mecanismo deberá estar disponible para el público de forma física y digital.

“Estamos planteando que no se puedan incrementar las partidas de propaganda durante el ejercicio para el que fueron aprobadas, que se tenga que observar, sin modificación administrativa posible, lo que decida la Cámara de Diputados en materia presupuestal de propaganda oficial”.

También plantea que haya una distribución correcta, equitativa de la propaganda oficial hacia los distintos medios. Así como impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y votaciones electorales a través de los medios de comunicación.

En mayo, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que expide la Ley General de Comunicación Social (‘Ley chayote’), que ha sido criticada por diversas organizaciones de la sociedad civil.

El dictamen ha sido cuestionado por organismos de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundar, quienes acusan que se trata de una simulación que sólo pretende cumplir con un formalismo para no caer en desacato de una sentencia de la Suprema Corte, que ordenó al congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril.

Se trata de “una simulación flagrante de la garantía a la libertad de expresión y viola los acuerdos de parlamento abierto que esta legislatura ha adoptado con la sociedad (…) Este documento no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros”, dijo el colectivo Publicidad Oficial en un comunicado a principios de este mes.

SOURCE: El Financiero

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