La iniciativa plantea dudas y temores entre la ciudadanía.

Confirmaría Ley de Seguridad plan fallido contra la delincuencia
Ciudad de México.- La posible proliferación de violaciones a los derechos humanos, la perpetuación del Ejército en las tareas de seguridad pública y la falta de transparencia son las principales dudas que despierta una iniciativa sobre seguridad interior, en momentos en que la crisis de violencia se agudiza en México.

Los senadores decidirán esta semana si aprueban o no el proyecto de Ley de Seguridad Interior, que el 30 de noviembre consiguió pasar en la Cámara de Diputados con 215 votos a favor, 101 en contra y cuatro abstenciones.

La norma, según organizaciones civiles e instituciones de derechos humanos –que han manifestado un rechazo unánime a la propuesta– no hace sino legitimar un plan de seguridad fallido, y no contempla una estrategia para favorecer que los militares regresen a los cuarteles.

Este retorno, de forma “gradual”, fue una de las promesas del presidente Enrique Peña Nieto, quien ahora, a un año de finalizar su mandato, urgió al Legislativo aprobar la ley por la “imperiosa necesidad” de dar certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad.

“La Ley de Seguridad Interior prolonga un modelo de seguridad fallido”, señalaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Universidad Iberoamericana, sobre la estrategia iniciada en el marco de la llamada guerra contra las drogas lanzada por el sexenio anterior de Felipe Calderón.

IRREVERSIBLE

La iniciativa, alertaron, “podría producir un efecto de militarización irreversible”. El dictamen aprobado por los diputados “incluye una amplia y ambigua definición de lo que es seguridad interior, lo que en la práctica derivaría en la identificación discrecional de riesgos y amenazas que justificarían la intervención militar”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que el proyecto conlleva “la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicos” de los ciudadanos.

Entre los impulsores de la ley está el senador Roberto Gil, quien asegura que el proyecto “no incorpora un nuevo supuesto en la intervención de las Fuerzas Armadas diferente al que ya se prevé desde hace 12 años en la Ley de Seguridad Nacional”, y no implica que se involucren en las tareas de seguridad pública.

Lo que regula es “cuándo, cómo y en qué circunstancias pueden hacerse cargo de ciertas funciones ya previstas en la propia ley”, como la vigilancia del espacio aéreo mexicano, argumenta.

La posibilidad del presidente de enviar a los militares para realizar tareas a diferentes territorios del país, señala el senador, es ahora “una función discrecional”.

En cambio, el proyecto establece que el mandatario debe acreditar que se cumple uno de los supuestos contemplados por la normativa, hacer un plan de intervención y fijar su temporalidad, entre otros aspectos.

EN PEOR MOMENTO

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió a México detener la iniciativa, que “no es la respuesta adecuada” frente al “enorme problema en materia de seguridad” que afronta el país.

México vive un momento delicado en cuanto al impacto de la violencia. El pasado octubre se registró la cifra récord de 2 mil 371 homicidios, lo que hizo de este mes el más violento en dos décadas.

Con este dato, además, el acumulado de los 10 meses ya supera el total de los asesinatos cometidos en 2016 y convierte a 2017 en el año más violento desde el inicio del sexenio.

¿LIBERTINAJE?

La cuestión de la transparencia y rendición de cuentas es otra de las preocupaciones para la sociedad civil.

De acuerdo con el Centro Prodh, la ley “clasifica como información de Seguridad Nacional toda la información generada por su aplicación”. Las Fuerzas Armadas “asumirían funciones de policía”, pero sin los “controles mínimos”.

Bastaría, señala la institución, con reportar al presidente y a la comisión bicameral de Seguridad Nacional sobre las acciones emprendidas, “no así a instancias de supervisión y control externas, como los organismos públicos de derechos humanos”.

Frente a esto, Gil menciona que la facultad de despliegue militar “es controlable ante los tribunales, por parte del Congreso y observable por las instancias de protección de derechos humanos.

“La seguridad nacional tiene un régimen específico de transparencia. Es una información que se tiene reservada, pero que incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) puede liberar”, dice Gil.

Asimismo, apunta que revelar ciertas “características de cómo va a actuar el Estado mexicano frente a un fenómeno criminal” provocaría que los delincuentes tuvieran “ventaja”.

PASA A COMISIONES

Por su parte el Senado dio entrada formal a la minuta de la Ley de Seguridad Interior que le envió la Cámara de Diputados el viernes pasado.

Tras notificarlo al Pleno, la Mesa Directiva la turnó ayer a las comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación, que se prevé sesionen hoy miércoles o mañana.

Al respecto, senadores de oposición pidieron que se dé un verdadero debate en torno a esta legislación que regula la presencia de militares en labores de seguridad pública.

“Espero que sea una discusión que permita deliberar sobre los contenidos de la ley, sobre su constitucionalidad”, dijo el senador Miguel Barbosa, integrante de las comisiones de Defensa y de Marina.

En tanto, Ernesto Ruffo, de la Comisión de Marina, planteó que primero se debería abordar la estructura de las policías civiles.

La iniciativa de 34 artículos ha sido criticada por organismos internacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y especialistas.

Ejército desaparece

En medio del debate sobre la Ley de Seguridad Interior, elementos del Ejército son señalados en otro caso de cateo ilegal, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y ejecución.

La CNDH emitió una recomendación dirigida a la Sedena por hechos atribuidos a efectivos del tercer Batallón de la brigada de Fusileros en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Cuatro miembros de una familia fueron detenidos por militares, apareciendo dos sin vida días despúes.

Exigen rechazar proyecto de ley

Manifestantes de organizaciones civiles y el alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, demandaron al Senado mexicano que rechace el proyecto de ley de Seguridad Interior que, denuncian, conduciría a la militarización del país. “¡Diputados, senadores, del pueblo son traidores!”, acusaron decenas de manifestantes frente al Senado, en el turístico Paseo de la Reforma de la capital mexicana, donde mantuvieron cerrados los accesos al recinto legislativo durante la mañana. Los inconformes colocaron numerosos carteles en los que se denuncia que “desde que el Ejército está en las calles, la tasa de civiles muertos ha aumentado 200 por ciento”. Desde 2006, la ola de violencia ligada al narcotráfico ha dejado más de 196 mil muertos y 30 mil desa-parecidos en México, según cifras oficiales que no precisan cuántas de estas víctimas están relacionadas con el crimen organizado. Según defensores de derechos humanos y la oposición, los límites para la intervención de las Fuerzas Armadas serían muy subjetivos bajo esa ley. La CNDH ha advertido que prepara una acción de inconstitucionalidad en caso de que el proyecto sea aprobado. (Reforma)

Acusa AMLO ‘línea’ de jefes militares

Luego que las Fuerzas Armadas cuestionaron su propuesta de amnistía a victimarios del narcotráfico, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el problema de la inseguridad no debe enfrentarse con más violencia y afirmó que a los jefes militares les ordenaron lanzarse en su contra. El dirigente nacional de Morena insistió en su propuesta de someter a consulta ciudadana la posibilidad de una amnistía para lograr la paz. “La política se inventó para evitar la guerra; la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, pero ojo por ojo, diente por diente, nos dejaría ciegos o tuertos o chimuelos y no resuelve el problema”, advirtió. El tabasqueño aseveró que difiere de lo que dijeron en su contra los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, y señaló que “sé que les ordenaron lanzarse en contra nuestra, pero siempre digo lo que pienso”. López Obrador planteó dar amnistía a los victimarios del narcotráfico y el crimen para buscar la paz en el país.

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