Ciudad de México.- Luego del trabajo publicado por el medio electrónico Animal Político, llamado “La Estafa Maestra” en donde se detalla un presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos de parte del Gobierno Federal, se formalizó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

A continuación la denuncia interpuesta a la PGR:

 

DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE

CONSTITUTIVOS DE DELITO.

  1. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

 

PRESENTE.-

 

Los CC. JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, MIRZA FLORES GÓMEZ Y MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS, declaran que son mexicanos, mayores de edad, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y administrativas.

Señalan como domicilio para escuchar y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la Avenida Congreso de la Unión, Nº 66, Edificio F, Tercer Piso, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15960, en esta Ciudad de México, con el debido respeto comparezco y expongo.

Que por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos artículos 7o, 8o, 9o, 13, 14 y 18, del Código Penal Federal; así como en los artículos 221, párrafo segundo, 222, párrafo primero y 223, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ocurrimos a promover formal DENUNCIA DE HECHOS, que se consideran delictuosos cometidos en perjuicio de la sociedad, en contra de María del Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social; Alfredo del Mazo Maza, ex director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos; Emilio Chuayffet Chemor, ex Secretario de Educación Público; José Reyes Baeza Terrazas, ex Vocal Ejecutivo del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; Enrique Martínez y Martínez, ex Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Alfredo Llorente Martínez, ex director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, ex director en jefe del Registro Agrario Nacional; Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía; asimismo, en contra de los ex rectores de las Universidades Autónoma del Estado de México, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma del Carmen, Popular de la Chontalpa, Juárez Autónoma de Tabasco, Politécnica del Golfo de México, Tecnológica de Tabasco y el Instituto Superior de Comalcalco, relacionados con el desvío de recursos; y, contra quienes resulten responsables de la comisión de los delitos que resulten aplicables.

Si esta H. Representación Social considera que los hechos narrados deben de investigarse por queja de parte ofendida, deberá tenerse a este ocurso como la DENUNCIA y/o QUERELLA necesaria para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

Fundo la presente DENUNCIA y/o QUERELLA con base en los siguientes hechos y consideraciones de derecho:

HECHOS:

  1. El 04 de septiembre del presente año, una investigación periodística realizada en conjunto por el sitio de noticias Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dio a conocer, tras revisar las cuentas públicas de 2013 y 2014, la existencia de contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, que el Gobierno Federal entregó a 186 empresas, a través de 11 dependencias y 8 universidades públicas. De dicha cifra, no se sabe cuál fue el destino de 3 mil 433 millones, ya que terminaron en empresas fantasma.

Cabe destacar que de las 186 empresas, 128 no debían recibir recursos públicos, ya que no contaban con la infraestructura ni con la personalidad jurídica para brindar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existían.

  1. El desvío de 7 mil 760 millones de pesos fue realizado por once dependencias gubernamentales, a saber:
  • Petróleos Mexicanos, que desvió 3 mil 576 millones de pesos.
  • Secretaría de Desarrollo Social, que, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, desvió 2 mil 224 millones de pesos.
  • Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que, durante la gestión de Alfredo del Mazo Maza, desvió 491 millones de pesos.
  • Secretaría de Educación Pública, que, durante la gestión de Emilio Chuayffet, desvió 278 millones de pesos.
  • Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con José Reyes Baeza Terrazas, que desvió 249 millones de pesos.
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez, que desvió 19 millones de pesos.
  • Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez, que desvió 97 millones de pesos.
  • Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, que desvió 447 millones de pesos.
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Gerardo Ruiz Esparza, que desvió 52 millones de pesos.
  • Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo, que desvió 96 millones de pesos.
  • Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que desvió 138 millones de pesos.

Dichas dependencias, para eludir la Ley de Adquisiciones, firmaron convenios con ocho universidades públicas:

  • Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica.
  • Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
  • Universidad Autónoma del Carmen (Campeche).
  • Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco).
  • Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
  • Universidad Politécnica del Golfo de México (Tabasco).
  • Instituto Superior de Comalcalco (Tabasco).
  • Universidad Tecnológica de Tabasco.

La ley permite a las dependencias firmar los contratos, siempre y cuando las universidades realicen al menos el 51% del servicio contratado. Sin embargo, no se cumplió con dicho requisito, pues las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de los servicios prestados en la mayoría de los convenios firmados. No hubo un solo caso en que la universidad cumpliera con el requisito del 51%. Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio, monto que ascendió a 1 mil 006 millones de pesos.

Los entonces rectores de las mencionadas universidades incurrieron en el delito previsto por la fracción I del artículo 222 del Código Penal Federal, que a la letra señala:

 

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II…III

  1. De las 186 las empresas que firmaron los convenios, 128 presentan irregularidades, por lo que no debieron recibir contratos públicos. El Servicio de Administración Tributaria declaró “fantasma” a 11 de ellas, entre 2014 y 2015, e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; 8 no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía; 6 se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que fueron contratadas y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación, al buscarlas para revisar su legalidad.

 

En ese sentido, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en entrevista para el portal Animal Político, declaró que se trata de un fraude, pues todo tiene las características propias del fraude, es decir, se trata “un claro acto de corrupción”, pues 11 instancias del gobierno federal dieron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos, en complicidad con ocho universidades públicas, situación de la que ya había advertido la propia Auditoría Superior de la Federación desde 2013, señalando que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.

El Auditor ha indicado que “ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios”. “Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”, y que, la responsabilidad recae tanto en los servidores públicos involucrados en la firma de dichos convenios, como en los propios titulares de las dependencias vinculadas, ya que son estos últimos “los responsables de los recursos públicos que se” les confían.

Así, resulta los implicados incurrieron en la comisión de los siguientes delitos:

Delitos por hechos de corrupción.

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados, a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal.

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente.

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:

I.-        Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y

II.-       Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 213 de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

I.-        Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

II.-       Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

III.-      Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

IV.-     El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.

Ejercicio ilícito de servicio público.

Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que:

 

III.-      Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o del Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.

 ….

Uso ilícito de atribuciones y facultades.

Artículo 217.- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades:

I.-        El servidor público que ilícitamente:

 

  1. D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos;

  1. bis.- El servidor público que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o del servicio público o de otra persona:

    B) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación.

II.-       Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas, y

III.-      El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.

Ejercicio abusivo de funciones.

Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:

I.- El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;

Tráfico de influencia.

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:

I.-        El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II.-       Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.

III.-      El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código.

 

Cohecho.

 

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I.-        El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.-       El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

 

Peculado

 

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;


II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;


III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y


IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

 

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.”

Enriquecimiento Ilícito.

 

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente Título. En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de dos años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa.

 

Fraude.

 

Artículo 386.- Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:

I.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario;

II.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario;

III.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.
Artículo 388.- Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

 

  1. Cabe destacar que el 09 de febrero de 2015, la Secretaría de Educación Pública ya había presentado una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República con motivo de la celebración de contratos irregulares. Sin embargo, hasta la fecha la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015.

 

Los actos de corrupción que se pueden desprender de los hechos anteriormente señalados afectan a la nación y a los ciudadanos mexicanos, pues utilizan recursos públicos federales para favorecer el interés individual de una empresa e individuos que, al amparo de sus posiciones dentro del Gobierno Federal, actuaron con dolo para favorecerse.

 

Es por los hechos con antelación narrados que solicito se inicie una investigación sobre los hechos de referencia y una vez acreditado el hecho delictivo aquí denunciado, se ejercite acción penal en contra de quien o quienes aparezcan como responsables en la comisión de los mismos, en términos de lo establecido en el artículo 212 del Código Penal Federal, así como por los artículos 214 fracción III, 215, fracción X, 217 fracciones I, inciso D), I bis, inciso B), II y III, 220 fracción I, 221, fracciones I, II y III, 222 fracciones I y II, 223, fracción IV, y 224, 386, 388, y demás que resulten aplicables, del referido Código Penal Federal.

 

P R U E B A S

 

  1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el informe de resultados de la cuenta pública de 2013 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, en el que se da cuenta del desvío de recursos realizado por diversas dependencias del Gobierno Federal, mismos que se solicita a esta Procuraduría General de la República, requiera a la referida Auditoría Superior de la Federación, necesario para el éxito de la investigación, por estarse ante la imposibilidad de acompañarlo a la presente denuncia.

 

  1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el informe de resultados de la cuenta pública de 2014 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, en el que da cuenta del desvío de recursos realizado por diversas dependencias del Gobierno Federal, mismos que se solicita a esta Procuraduría General de la República, requiera a la referida Auditoría Superior de la Federación, necesario para el éxito de la investigación, por estarse ante la imposibilidad de acompañarlo a la presente denuncia.

 

  1. LOS DEMÁS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE SIRVA DESAHOGAR ESTE REPRESENTANTE SOCIAL.

 

Con estos documentos, tenemos la intención de probar el hecho que definimos anterior en el capítulo de HECHOS.

 

 

D E R E C H O

 

Es Usted C. Procurador General de la República, competente para conocer de la presente denuncia o querella de acuerdo a lo establecido por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 16, 90, 91, 92, 108, 109, 110, 124, 131, 159, 213, 221, 222, , 267 y demás relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales, 5, 7, 8, 10, 12 y demás relativos aplicables de la Ley General de Víctimas vigente en el país.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado;

 

A USTED C. PROCURADOR, atentamente solicito:

 

PRIMERO.-  Tenernos con el presente escrito presentando formal DENUNCIA O QUERELLA, en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión del delito o delitos que resulten.

 

SEGUNDO.- Se nos tenga ofreciendo las pruebas de cargo referidas en los términos indicados en el de cuenta.

 

TERCERO.- Se recabe cuanta prueba sea necesaria para la acreditación del cuerpo del delito correspondiente a los hechos antes narrados, así como la probable responsabilidad de las personas que cometieron los mismos.

 

CUARTO.- Una vez que se compruebe el cuerpo del delito de los hechos a investigarse, así como la responsabilidad de su comisión, sírvase formula al Juzgado de Control correspondiente la imputación de la o las personas imputadas respecto de los hechos delictivos denunciados.

 

 

Atentamente,

 

 

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JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ

 

 

 

 

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VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA

 

 

 

 

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VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO

 

 

 

 

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MIRZA FLORES GÓMEZ

 

 

 

 

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MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS

 

Parte Ofendida

Ciudad de México, a la fecha de su presentación

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