Com. Social - Congreso de Sonora - LXI Leg - AFCES - 210817-9

Hermosillo, Son. 21 de agosto de 2017.- Los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recibieron esta tarde el séptimo informe de labores, correspondiente al periodo de febrero 2015-febrero 2016, de parte del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Arturo Ramírez Ramírez.

 

Como parte del nuevo formato que establece que el informe anual deberá ser entregado por escrito ante la comisión respectiva, al reformarse la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la diputada Célida Teresa López Cárdenas encabezó la reunión de trabajo con la asistencia de los secretarios diputados Javier Dagnino Escobosa, Omar Alberto Guillén Partida, Iris Fernanda Sánchez Chiu, Brenda Elizabeth Jaime Montoya y Carlos Alberto León García.

 

El Ombudsman dio a conocer que el informe final sobre el estado que guarda la administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos contiene puntos torales en aspectos como las quejas recibidas, los conceptos de violaciones de derechos humanos, la numeralia de programas específicos y la capacitación que brindan.

 

Agregó que en el periodo que se informa se recibieron mil 754 quejas, que fueron motivadas por violaciones por el uso excesivo de la fuerza pública, bullying, negligencias médicas, incumplimiento de un deber legal, además se emitieron dos acuerdos de no responsabilidad donde después de una exhaustiva investigación se determinó que no hubo violación a las garantías individuales por parte de la autoridad señalada en la queja.

 

Se emitieron 40 recomendaciones, 38 de las cuales fueron por asuntos diversos y dos generales. De las mil 754 quejas, el mayor número están dirigidas a las policías municipales, a los centros de readaptación social, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (antes PEI).

 

También al Supremo Tribunal de Justicia, a la Secretaría de Educación y Cultura, a la Secretaría de Seguridad Pública, a los diversos ayuntamientos, al IMSS, a la Policía Estatal de Seguridad Pública, al DIF, al ISSSTESON, a la Policía Federal, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Defensoría Pública, y a la Junta de Conciliación y Arbitraje, entre otros.

 

“Los principales conceptos son: incumplimiento de un deber legal, vicios en el procedimiento, violación de autoridad administrativa, abuso de autoridad, detención arbitraria, violación de los derechos de los reclusos, dilación en la procuración de justicia, falta de atención médica, violación al derecho a la educación, negligencia médica, dilación en la administración de justicia, incomunicación, violación al derecho de petición, y retención arbitraria, entre otros”, expresó.

 

De 2010 a la fecha, el Estado de Sonora ocupa el primer lugar nacional de cobertura en la materia, al contar con oficinas regionales en doce municipios, con lo cual se atiende al 90 por ciento de la población sonorense, aseguró Ramírez Ramírez.

 

A nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la diputada Célida Teresa López Cárdenas informó que hará llegar una copia del informe al resto de los integrantes de la LXI Legislatura, en cumplimiento a lo establecido en la última reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la que se estableció que el informe se presente por escrito, nuevo formato al que calificó como una manera de enriquecer la discusión y el análisis de los trabajos de una dependencia tan importante.

 

“Para todos los que integramos la comisión, esto es algo que nos obliga a analizar, de cara al presupuesto 2018. Más de mil 700 quejas presentadas nos habla del conocimiento de una sociedad que sabe que tiene la oportunidad de defenderse y me parece también que es muy importante hacer análisis respecto a la cantidad de esfuerzos que se están destinando para favorecer a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos”, aseveró.

 

Los diputados Omar Alberto Guillén Partida, Carlos Alberto León García, Brenda Elizabeth Jaime Montoya e Iris Fernanda Sánchez Chiu, coincidieron en la importancia de analizar el informe y, de ser posible, llevar a cabo una segunda reunión con el titular de la CEDH, a fin de aclarar las dudas que surjan e intercambiar ideas.

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