yaquis-padresCiudad de México.- El exmandatario panista Guillermo Padrés Elías es el actor intelectual de la violencia entre dos grupos de la tribu Yaqui que se enfrentaron por diferencias respecto a la construcción del Gasoducto Sonora, como una estrategia para distraer la atención de la orden de aprehensión que enfrenta por actos de corrupción, desviar la batalla legal de la etnia contra el Acueducto Independencia y desestabilizar la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Así lo afirmó Tomas Rojo Valencia, líder moral y vocero del movimiento “No al Novillo” que encabezó una lucha contra la administración del exgobernador de Sonora quien puso en operación una obra hidráulica para despojar a la tribu Yaqui de varios millones de metros cúbicos de agua para abastecer a la población de Hermosillo, a pesar que existía una orden judicial para suspender la construcción y que jamás se obtuvo la autorización de las Autoridades Tradicionales para disponer de su recurso natural más preciado.

La agenda de la gobernadora Pavlovich ha sido muy clara respecto a la reconciliación entre el Sur y el Norte de Sonora por el tema del agua, el otro asunto ha sido la reconstrucción del estado sumido en la corrupción y el retorno de la gobernabilidad, en eso tiene mucho que ver su antecesor el exmandatario Guillermo Padrés quien está siendo investigado, dentro de los grupos que están infiltrados en la tribu Yaqui existen residuos del ‘padrecismo’ hay intereses ajenos que buscan desestabilizar a la tribu”, aseguró Tomas Rojo.

Actualmente siete de los ocho pueblos que conforman la tribu Yaqui han dado su aval para que el Gasoducto Sonora atraviese 84 kilómetros de su territorio a dos metros de profundidad en paralelo a la Carretera Federal México 15, el único pueblo que ha negado la autorización es Loma de Bacum donde el pasado viernes se desataron disturbios entre 400 indígenas miembros de la etnia que están a favor y en contra de la obra, dejando como saldo un muerto, ocho heridos de gravedad y daños materiales.

El portavoz Tomas Rojo, recordó que cuando Guillermo Padrés quiso imponer la construcción del Acueducto Independencia sobornó a grupos de Yaquis para crear autoridades duales e imponer gobernadores que aprobaran la mayor obra de su sexenio, sin embargo, las Autoridades Tradicionales junto a los productores agrícolas del Valle del Yaqui iniciaron una batalla legal para evitar el trasvase de 75 millones de metros cúbicos de agua para uso agrícola que ahora se utiliza para abastecer a los habitantes de Hermosillo.

Era un asunto interno que ha desestabilizado a la tribu Yaqui, son siete pueblos que por un lado se sostienen en la posición política y por otro lado en oposición a la obra hay solo un pueblo, nosotros veíamos con agrado el proceso de unidad de los ocho pueblos, pero lamento está violencia que se ha creado con la única finalidad de agraviar la tranquilidad de los ocho pueblos con potencial político y social”, agregó el líder tribal.

Al respecto, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano también dejó entrever que es muy sospechoso que la tribu Yaqui resuelva sus diferencias a través de la violencia, ya que históricamente, la Autoridad Tradicional de los ocho pueblos se ha mantenido unida para luchar contra amenazas externas.

Hago un llamado a la tribu Yaqui, ellos siempre se han mantenido, siempre en la lucha, pero siempre unidos, siempre juntos, nunca lastimándose entre ellos menos por este tipo de razones, me parece un poco extraño, pero se va a llegar hasta el fondo con las investigaciones, en todo momento respetando los usos y costumbres”, declaró la gobernadora.

Como parte del conflicto entre la tribu Yaqui y la administración de Guillermo Padrés, el exmandatario panista encarceló al líder de la tribu Mario Luna Romero, quien permaneció como preso político durante la última parte del pasado sexenio, cuando la gobernadora Claudia Pavlovich asumió el cargo, liberó a este líder indígena y recibió a las Autoridades Tradicionales y gobernadores de los ocho pueblos en los patios centrales del Palacio de Gobierno donde se comprometieron obras de infraestructura por 393 millones de pesos en salud, educación y seguridad, así como ocho mil 500 becas para estudiantes de la tribu y 200 acciones de vivienda digna.

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