coparmexCiudad de México.- Durante los años recientes, algunas entidades como Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Michoacán, se han visto afectadas severamente por la inseguridad, enfrentando altos costos humanos por un incremento significativo de la violencia; la situación es delicada y afecta la  vida diaria de las personas.

Esta inseguridad está presente en la mayor parte del país y nos afecta en realidad a todos los mexicanos. Los datos del INEGI, concretamente en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, con cifras al mes de septiembre de 2016, revelan que casi 8 de cada 10 mexicanos se siente inseguro en el lugar donde vive y que en algunas ciudades cerca del 95% de la población vive con miedo a ser víctima de un hecho propio de la inseguridad. Esta cifra muestra una realidad muy preocupante.

En los cinco años más recientes se ha venido incrementando el número de delitos: casi 23.3 millones de víctimas de robo en la calle, de robo en el transporte público o en los domicilios, de asalto, de despojo de los vehículos, de extorsiones, de secuestros y de fraudes; según reporta hoy la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, que arrojan las cifras del año 2015.

La cifra negra de delitos no denunciados o que no derivaron en una averiguación previa se elevó hasta casi 93.7%. Lo grave del tema es que hoy los mexicanos no presentan denuncias, principalmente hay que decirlo, por falta de confianza en las autoridades.

Por otra parte, el gasto de los hogares mexicanos en medidas para protegerse de la delincuencia tan solo en 2015 alcanzó la gran cifra de 77 mil 900 millones de pesos, lo cual significó un incremento de casi el 17.7% respecto del monto estimado para el 2014.

Esto representa el mayor cambio porcentual desde que se comenzó a aplicar la Encuesta Nacional de Victimización en materia de gasto preventivo.

Se trata, pues, de gastos para reforzar cerraduras, proteger puertas y ventanas, colocar rejas o contratar seguridad privada. Este clima de inseguridad resta, claro que resta competitividad a nuestra economía y demerita también la imagen de México.

Por ello, consideramos que en este momento la prioridad tiene que ser la Agenda Nacional que debe concentrarse en el combate a la delincuencia, la violencia y la impunidad.

Es urgente que las autoridades federales, estatales y municipales nos den señales contundentes, señales inequívocas de que se trabaja para encontrar una solución de fondo a los graves problemas de inseguridad y violencia, pero de forma sostenible, sobre todo en las regiones más afectadas por este flagelo.

Como parte de las acciones de Coparmex, vamos a acudir al Congreso de la Unión a presentar nuestra propuesta para que se separe la Seguridad Pública de la política que hoy conduce la Secretaría de Gobernación.  

Algunos legisladores han expresado su disposición de analizar la iniciativa que en coordinación con otros organismos sociales se está revisando ya, para ser enriquecida.

Es preciso revisar la estrategia que se ha adoptado en los años recientes para realizar los ajustes necesarios y las mejoras que hagan falta. Sólo así los mexicanos podremos recuperar la confianza, el , la armonía y la tranquilidad para llevar a cabo nuestras actividades, acudir a la escuela, a nuestros trabajos, y para que nuestras familias puedan disfrutar de sana convivencia en los espacios públicos.

Es necesario que en el Congreso de la Unión dé prioridad ya al análisis y discusión de las iniciativas en materia de seguridad pública, que por intereses políticos permanecen congeladas, lo cual ha obstaculizado la búsqueda de soluciones de fondo y con un adecuado sustento.

Llamamos hoy a los grupos parlamentarios en el Congreso a ponerse de acuerdo, a concertar para lograr pronto la aprobación de las diversas iniciativas presentadas desde hace cuatro años para redefinir el Mando Policial en los ámbitos de los tres órdenes de gobierno.

Necesitamos dar certeza jurídica para la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Hay que generar y dar un marco normativo para las empresas de seguridad privada en la que ser homologue esta actividad en todo el país.

Al Ejecutivo por su parte le demandamos un mayor esfuerzo para implementar un plan de acción urgente en los estados más afectados por la inseguridad.

Es tiempo de unirnos como ciudadanos para exigir que el Estado cumpla con su función, que las autoridades tomen el control y actúen con responsabilidad y eficacia para salvaguardar la integridad física y la patrimonial de todos los mexicanos, esa es su primera y su principal obligación.

Leave a Reply

Your email address will not be published.