Guillermo PadresHermosillo, Sonora 1 de octubre del 2016 (MR).- El exgobernador de Sonora Guillermo Padrés acumula 22 amparos sin que, hasta el mo­mento, se le hayan concedi­do, declaró Odracir Espinoza Valdez, fiscal especializado en la Investigación de Hechos de Corrupción.

“Tenemos 205 amparos y un personaje en particular tiene más de 22 amparos en contra de nosotros. La reali­dad de eso es que muchos es­tán temerosos porque tarde o temprano tendrán que rendir cuentas”, expresó.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, explicó que de los 205 amparos, a la fecha se han resuelto 52 y, de éstos, en 51 no existe violación a los de­rechos humanos por parte de la fiscalía.

“Cada acto de autoridad para ellos les resulta un am­paro, sin que a la fecha se les haya concedido”, declaró.

El fiscal anticorrupción de Sonora comentó que ac­tualmente hay en trámite 153 amparos en los tribunales co­legiados con 12 expedientes de exservidores públicos de primer nivel, listos para con­signarse ante la justicia.

“Pero no hay amparo eter­no, y en el caso de la PGR, aquellos delitos graves, como operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, un amparo no detiene nada. El tema de libertad se pone a dis­posición del juez federal, pero no te impide poder consignar ante la justicia”, dijo.

Informó que se han asegu­rado 172 millones de pesos en cuentas y en bienes inmue­bles, y se han realizado más de nueve mil diligencias a la fecha.

Además, han colaborado en la integración de 33 expe­dientes con la Procuraduría General de la República (PGR) de exfuncionarios vinculados con delitos graves como ope­raciones con recursos de pro­cedencia ilícita y delincuencia organizada, entre otros.

“De todos esos expedien­tes, nosotros tenemos 15 ór­denes de aprehensión que nos han obsequiado jueces. De ésos, tres son exsecretarios de Estado del gobierno ante­rior”, indicó.

También se ha investi­gado a 652 personas, de las cuales 200 son exservidores públicos.

El fiscal comentó hay em­presas que se crearon a ex profeso para realizar actos de corrupción, para ser be­neficiadas con contratos. “La realidad es que, verifi­cando en sus domicilios fis­cales, te topas con que son domicilios que ni siquiera es­tán habitables”.

Odracir Espinoza Valdez reconoció que, en 35 años, en Sonora, el Poder Judicial del estado no ha consignado a ningún exfuncionario por enriquecimiento ilícito, y el servicio público ha perdido mucha credibilidad.

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