Dario FigueroaHermosillo, Sonora 08 de agosto (MR).- Un recurso de apelación por el monto tan ínfimo con el que obtuvo su libertad, Roberto Francisco Ávila Quiroga, interpuso la delegación en Sonora de la Procuraduría General de la República, informó su titular Darío Figueroa Navarro.
La fianza impuesta al operador del ex gobernador Guillermo Padrés para lograr su liberación fue de 20 mil pesos fijada por el juez de distrito Herminio Armando Domínguez Zúñiga, a pesar de estar implicado en una operación de “moches fiscales” por más de mil 800 millones de pesos en el sexenio padrecista.
El ex director de Auditoría Fiscal del SAT en el Gobierno de Sonora enfrenta acusaciones como probable responsable en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones.
Darío Figueroa argumentó que ellos como PGR cumplieron con la detención del individuo, pero su liberación ya es un tema del Poder Judicial de la Federación.
“Lo que pasa es que según el código penal no es un delito grave y por ello puede salir bajo fianza, de lo que no estamos de acuerdo es que se haya fijado esa fianza tan reducida es por eso que impugnamos esa resolución en base a la cantidad fijada”, detalló Figueroa Navarro.
Sobre la construcción en el Fraccionamiento Santa Lucía, al parecer propiedad de Francisco Ávila Quiroga y que fue derrumbada el pasado sábado, explicó que al enterarse de los hechos se envió a un grupo de fiscales federales a revisar y abrir así una carpeta de investigación, para determinar si en realidad le pertenece al inculpado.
Sentenció que aún quedan muchos casos pendientes, sobre todo de personajes que han sido llamados a comparecer y no lo han hecho, tal es el caso de Carlos Villalobos Organista y Héctor Ortiz Ciscomani, ambos funcionarios durante la administración de Guillermo Padrés.

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